Marco Normativo

Esta norma proporciona directrices para establecer, implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de denuncias, asegurando la protección de denunciantes, la confidencialidad y la resolución efectiva de los reportes

La organización debe implementar mecanismos adecuados para identificar y gestionar reportes de posibles sobornos, asegurando la confidencialidad y la no represalia contra los denunciantes."

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proteger contra todo trato injustificado a toda persona que informe a las autoridades competentes de buena fe y sobre la base de sospechas razonables cualquier hecho relativo a delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

 (Artículo 33)

Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas del sector privado y del sector público establezcan canales de denuncias internos o externos y procedimientos de denuncia para que los trabajadores de la entidad puedan denunciar información sobre infracciones. (Artículo 8)

Las personas jurídicas deberán adoptar un programa de ética empresarial que contenga, entre otros, un canal de denuncias para reportar conductas relacionadas con actos de soborno transnacional. (Artículo 23)

Las entidades obligadas deben poner en funcionamiento líneas anónimas de denuncia de fácil acceso que permita que los Empleados, administradores, Asociados, Contratistas u otros terceros puedan reportar cualquier denuncia relacionada con posibles incumplimientos del PTEE o cualquier posible acto de Corrupción o Soborno Transnacional. (Numeral 5.1.4)

Las entidades públicas y privadas deberán implementar mecanismos que permitan la recepción y gestión de denuncias, garantizando la confidencialidad de los denunciantes y la protección contra represalias. (Artículo 8)

El tratamiento de datos personales debe realizarse respetando los principios de confidencialidad y seguridad, especialmente en el manejo de información sensible de los denunciantes. (Artículo 4)

Los países deben establecer mecanismos que permitan el reporte seguro de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, protegiendo la identidad de los denunciantes. (Recomendación 20)